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El Ayuntamiento de Getxo no está por la labor de renunciar a la ampliación del polideportivo de Fadura en 40.000 metros cuadrados, donde tiene ... previsto levantar «equipamientos deportivos» sobre algo más de la mitad de este espacio. Según aclaró el Ejecutivo local, en manos del PNV y PSE, serán «varios campos de fútbol». Y en ese afán de que los getxotarras tengan más servicios, el Consistorio no dará marcha atrás al proyecto dentro del futuro Plan General de Ordenación Urbana, que incluye la construcción de 4.000 viviendas. No atenderá el requerimiento del Gobierno vasco, que sigue insistiendo en que la obra podría tener «afecciones» sobre los acuíferos de la zona. El humedal de Bolue está reconocido en el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas del País Vasco (PTS) por su alto valor ecológico y tiene por tanto un régimen protector.
La intención del gobierno local es aprobar el futuro planeamiento de forma definitiva. Prevé hacerlo en los próximos meses, una vez le den el visto bueno las diferentes entidades supramunicipales que han requerido cambiar algunos detalles. En el caso del complejo deportivo de Fadura, el Ejecutivo autonómico lleva insistiendo desde hace más de dos años, cuando el Ayuntamiento aprobó el futuro PGOU de forma inicial, que no se aclara bien las repercusiones ambientales que tendrá el proyecto.
Ahora vuelve a recordar que, dada la protección del lugar, el Consistorio debe evaluar si las construcciones causarán daños. A juicio de la Dirección del Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático dependiente del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Ejecutivo autonómico, «no es suficiente la afirmación del Ayuntamiento de que se procurará llevar a cabo unas instalaciones y una urbanización blanda que asegure el ciclo natural de recarga del agua». En un informe al que ha tenido acceso ELCORREO, explica que es necesario el documento, previo a la aprobación definitiva. Insiste en que además de garantizar el «cumplimiento del PTS, también se debe mantener el régimen hídrico» para que se conserven los «valores naturalísticos que motivaron su catalogación». «En la medida en la que no se aportan estudios hidrológicos e hidrogeológicos no se puede garantizar este extremo», le recrimina al Consistorio.
El choque de instituciones volvió ayer a comisión a preguntas de EH Bildu. Según explicó el concejal de Planeamiento, Gestión, Disciplina Urbanística, Álvaro González, no se cumplirá con el requisito. O al menos no se hará de momento. «Los técnicos del Gobierno vasco confunden planificación con ejecución, nosotros aportaremos todos los estudios en el momento que se realice la obra, lo detallaremos en la ficha de cara a la construcción, igual que la declaración de interés público, etc», aseguró. «Todo este expediente tendrá que ser sometido porque habrá que llevarlo a pleno y habrá que hacer expropiaciones... Y entonces si alguien del Ayuntamiento no quiere votar a favor de hacer la ampliación de Fadura cuando existen más de 3.000 familias reclamando, lo podrá hacer», anunció.
El edil puntualizó que el suelo «no se recalificará». Y argumentó que hay tres tipos de catalogaciones. «Casi el 70% del suelo es no urbanizable, la mayoría donde no hay ninguna limitación de usos deportivos para la ampliación, la zona de campiña donde se pueden hacer instalaciones al aire libre y edificios de interés público, de interés social y vías de transporte, y la zona de mejora de sistema donde no habrá ninguna afección».
González hizo una defensa férrea del trabajo del Ayuntamiento getxotarra y sus trabajadores. «Todo está supervisado por nuestros técnicos municipales y voy a defender a nuestros servicios técnico jurídicos porque creo que los del Gobierno vasco se confunden». El año pasado el Consistorio, también forzado por el Gobierno de Gasteiz, tuvo que realizar cambios y reducir la edificabilidad prevista. Después de aquello aseguraban que «respetaba la legislación» y que era «absolutamente compatible con el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas, así como con su régimen de usos y la zonificación». Sin embargo, el Ejecutivo autonómico continúa sin estar de acuerdo.
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