163.000 funcionarios vascos cobrarán una paga extra de más de 280 euros por los atrasos de 2024

El Gobierno central aprobó ayer el abono de esa alza pendiente con seis meses de retraso y que será retroactiva al 1 de enero de 2024. Una medida que también afectará a los funcionarios vascos que se rigen en lo que respecta al sueldo por la normativa estatal, al considerarse básica.

El Ejecutivo central anunció ayer que esta paga se materializará en una de las próximas nóminas, lo que no asegura que sea en la paga de este mes de julio. El Gobierno vasco indica que su intención es hacerlo en la nómina de este mes, que se abona entre el 27 y el 28, pero que para ello se tiene que cumplir previamente un requisito y es que el Gobierno central publique las tablas en el Boletín Oficial del Estado. Desde el Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, liderado por Maria Ubarretxena, inciden en que si esas tablas se publican con el suficiente margen este mes se podrá abonar la 'paguilla' a finales de julio.

Y es que se tienen que actualizar las tablas desde el 1 de enero de 2024. En consecuencia, los trabajadores públicos vascos cobrarán ese alza del 0,5% multiplicado por las catorce pagas correspondientes al año pasado, pero también a los siete meses de este año si se abona en julio, ya que es consolidable. En total serían 21 meses.

Esta alza salarial se acordó en el pacto firmado por el Gobierno central y los sindicatos UGT y CC OO en 2022 y afecta tanto a los funcionarios, como al personal estatutario y laboral. En dicho pacto se acordó incrementar una parte fija y otra variable para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, siendo todas ellas consolidables. En el primer año la subida fue del 3,5%; en 2023 se aplicó un incremento fijo del 2,5% y otro adicional vinculado a los datos del IPC y del PIB del 1% (0,5% por cada uno de ellos), y en 2024 las retribuciones crecieron un 2%, a lo que se añadía la parte variable del IPC, que ha sido del 0,5%.

Tanto CC OO como UGT mostraron ayer su satisfacción por la aprobación de este 0,5% adicional, aunque lamentaron la tardanza en hacerlo. El Gobierno central acumula una deuda de casi 860 millones con los tres millones de empleados públicos del Estado por ese 0,5% comprometido. En el caso de Euskadi supondría unos 46 millones que deberá desembolsar el Gobierno vasco.

Estas subidas son consideradas «insuficientes» por ELA y LAB que llevan años reclamando que las condiciones de los empleados públicos vascos, incluidos los salarios y las reposiciones, se decidan en Euskadi, ya que no comparten que el Ejecutivo liderado por Pradales tenga que cumplir con la normativa estatal.