
Pradales urge a Sánchez a incrementar un 50% la potencia eléctrica vasca para salvar la industria
El Gobierno vasco reclama a Moncloa 6.000 megavatios más ante el cuello de botella energético que amenaza las empresas ·
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El Gobierno vasco reclama a Moncloa 6.000 megavatios más ante el cuello de botella energético que amenaza las empresas ·
El Gobierno vasco teme que la saturación de la red eléctrica se consolide como un freno estructural a la competitividad de las empresas y reclama ... 6.000 megavatios extra de potencia, un 50% más de los actuales. En apenas tres años, la demanda de conexión se ha multiplicado por ocho, lo que ha llevado al Ejecutivo autonómico a intensificar su presión sobre el Gobierno central para que afronte unas inversiones largamente postergadas y que ahora, con la electrificación en auge, se vuelven más urgentes para garantizar el crecimiento industrial.
El propio consejero de Industria, Mikel Jauregi, alertó de la situación hace dos meses en una entrevista en EL CORREO: «Las empresas preguntan dónde está el enchufe y ahora no lo tenemos», lamentó. Un mes después de este toque de atención, no obstante, el Ministerio de Transición Ecológica respondió sacando a concurso público los primeros nudos eléctricos para atender la demanda energética. En concreto, liberó 933 megavatios en la subestación de Arrigorriaga -al que aspiran cinco solicitantes, entre ellos la cementera Heidelberg Materials- y otros 387 en Vitoria, por los que puja Mercedes y son clave para impulsar su inversión de mil millones en la nueva generación de modelos automovilísticos.
Esta potencia, en cualquier caso, se antoja insuficiente para un tejido industrial que necesita oxígeno tras el golpe sufrido por la ralentización económica europea y los estragos causados por la política arancelaria de Trump. De ahí que ayer por la mañana, en el pleno de control del Parlamento vasco, el lehendakari reclamara a Redeia un incremento de 6.000 megavatios en la red eléctrica de Euskadi. Imanol Pradales subrayó que esta actuación es fundamental para «abordar proyectos industriales de relevancia».
Es la primera vez que el Gobierno vasco pone cifras a la potencia eléctrica necesaria para garantizar la sostenibilidad de su tejido industrial a medio y largo plazo. Se calcula que estos 6.000 megavatios adicionales supondrían aumentar en un 50% la capacidad actual del sistema eléctrico vasco, situada en torno a los 12.000 MW. Esta cifra refleja la magnitud del desafío que afronta una economía altamente industrializada y dependiente de un suministro estable, competitivo y descarbonizado.
La inversión planteada por el lehendakari debería incorporarse a la nueva planificación de la red eléctrica que el Gobierno central prepara para el periodo 2025-2030. Se trata de un ambicioso programa estatal valorado en 50.000 millones de euros, cuya puesta en marcha acumula ya un notable retraso. Aunque el Ministerio para la Transición Ecológica se comprometió a definirlo el año pasado, la ministra Sara Aagesen continúa aún en fase de consultas con las comunidades autónomas para definir las prioridades territoriales. En este contexto, Pradales ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de un compromiso político firme en Madrid que permita avanzar para salvar la industria vasca.
El lehendakari admitió que, al margen de las decisiones que pueda tomar el Gobierno central, las instituciones vascas deben asumir su parte, ya que Euskadi solo cubre un tercio de su demanda con producción propia, tal y como le afeó el líder de los populares vascos, Javier de Andrés. Pradales insistió en la necesidad de avanzar en el desarrollo de las renovables y anunció su intención de triplicar la generación de origen limpio antes de 2030. Durante esta legislatura, añadió, Euskadi saltará de 350 a los 900 megavatios de potencia instalada a partir de fuentes renovables.
Esta es, de hecho, la gran asignatura pendiente en una Euskadi que ya suma hasta 19 años sin levantar un parque eólico. Mientras tanto, se acumulan las solicitudes para poner en marcha nuevas instalaciones, muchas de las cuales no llegan a buen puerto debido a disputas administrativas y una tramitación excesivamente lenta.
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