El Gobierno vasco hace una última oferta a Bildu de 100 millones para pactar las Cuentas

Aun así, precisamente para no perder esa batalla del relato en la que se juega la negociación de los Presupuestos vascos para 2025, y en vísperas de que la comisión de Hacienda vote esta mañana el dictamen definitivo del proyecto y las enmiendas de la oposición que PNV y PSE han decidido incorporar -por valor de 15 millones sobre un monto total de 15.728, entre las que se incluyen alegaciones de Bildu pero también del PP-, el Gobierno se movió ayer por la tarde, tal como le reclamaban insistentemente sus interlocutores, e hizo llegar su «última» oferta a EH Bildu.

La propuesta, según detallaron a este periódico fuentes de la negociación, consta de tres puntos, entre los que destaca una partida plurianual de cien millones en cuatro años -hasta el final de la legislatura- para ampliar el parque público de vivienda, la demanda principal de EH Bildu junto a un acuerdo para fijar un SMI adecuado a la realidad socioeconómica vasca para el que Euskadi no dispone de competencias. Ni siquiera sería factible impulsarlo desde una mesa de diálogo social 'coja' por la ausencia del sindicato mayoritario, ELA. Una central que, por cierto, esgrime también la negociación presupuestaria para zaherir a Bildu por su «inexplicable» decisión de no enmendar a la totalidad las Cuentas.

A los cien millones para la adquisición de viviendas libres o de protección oficial para destinarlas a alquiler social -una cantidad para cuatro años similar a los 95 millones que Bildu exige cambiar de destino en las Cuentas de 2025- se suma la puesta en marcha, en el marco del pacto social por la vivienda, de un foro de urbanismo con la participación de expertos europeos para «confrontar» modelos y apuntar posibles soluciones a un problema que aparece invariablemente entre las principales preocupaciones ciudadanas.

La tercera 'pata' de la oferta gubernamental tiene su miga porque, más que una concesión, es una exigencia a EH Bildu, pese a que, sobre el papel, es el Gobierno el que cede para lograr el apoyo de la oposición a su proyecto económico. El Ejecutivo pretende arrancar a la coalición soberanista el compromiso de que «asumirá su responsabilidad» en los ayuntamientos donde gobierna -es primera fuerza municipalista, por delante del PNV- de recalificar suelo público para construir vivienda pública o declarar zonas tensionadas, una tarea que, según el Gobierno, no está asumiendo salvo en un puñado de localidades vascas.

La pelota está, por lo tanto, en el tejado de EH Bildu, que decidirá hoy si vota a favor del dictamen, en contra o bien se queda a medio camino con una abstención crítica. Los soberanistas, que ya tienen amarrado el acuerdo alavés, en el que lograron arrancar partidas por valor de 33 millones en un Presupuesto lógicamente más modesto, marcarán con su decisión el tono Gobierno-oposición de al menos la primera mitad de la legislatura.