La justicia investiga a 16 personas en el caso de la menor víctima de la red de pederastia

Es estos momentos hay tres causas penales abiertas en juzgados de Barcelona. El primer caso hace referencia al de la menor de 12 años, que entre 2020 y 2021 fue agredida sexualmente por un hombre de 45, electricista de profesión. La instrucción de este caso ya está cerrada. Y está pendiente de que la Audiencia de Barcelona fije la fecha del juicio, según fuentes judiciales. La Fiscalía pide 107 años de cárcel para T.L.M., que violó a la menor de 12 años, grabó las violaciones y ofreció a la menor a través de una app para que otros hombres pudieran violarla.

A partir de este caso, se derivan otros dos, en los que también está implicado el principal acusado. En el primero, la justicia investiga a 11 hombres (incluido T.L.M.). Dos de ellos están en prisión provisional. Hay dos víctimas: la misma menor de la causa principal y un niño. En la segunda causa penal, hay seis imputados (entre ellos T.L.M.). Para estos 5 investigados, se han abierto otros procedimientos, de forma individual para cada uno, después de que en sus dispositivos electrónicos se encontrara pornografía infantil de otros hechos que nada tienen que ver con el de la causa principal. 14 de los 16 investigados están en libertad provisional a disposición del juzgado y con medidas cautelares. En la instrucción, aparecen nuevas víctimas, un mínimo de 5, según fuentes del TSJC, después de que se hiciera el volcado de dispositivos electrónicos. El Periódico habla en cualquier caso habla de una treintena de sospechosos y hasta 25 víctimas.

El Govern catalán, mientras, ha informado este miércoles que dará explicaciones en la Cámara catalana sobre este terrible caso en el que la víctima estaba bajo el paraguas de la administración catalana. La Consejería de Derechos Sociales, a través de una nota, ha señalado que la víctima estaba bajo la «guardia» de la administración catalana y no bajo tutela en el momento de los hechos.

Desde el Govern, en cualquier caso, han señalado que el caso «activó los protocolos pertinentes», lo que permitió que se «tramitase la denuncia y pudieran llevarse a cabo las detenciones. Pero las alarmas tardaron en saltar, pues cuando lo hicieron la chica ya llevaba casi dos años siendo víctima de violaciones y abusos. Fue violada entre 2020 y 2021. Una denuncia de los Mossos permitió abrir una investigación y la detención del principal acusado en junio de 2022.

La consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha solicitado este miércoles comparecer en el Parlament para explicar los «mecanismos de prevención, protección y atención a la infancia» de la administración catalana.

«Ante la gravedad de los hechos y con voluntad de transparencia, la consejera presentará en sede parlamentaria las conclusiones preliminares del expediente informativo que ha abierto la DGAIA para esclarecer qué actuaciones se llevaron a cabo», según una nota informativa de la consejería. «El objetivo del expediente es revisar en profundidad la cronología de los hechos, identificar posibles carencias o ámbitos de mejora y reforzar los mecanismos», señala.

La Consejería catalana de Derechos Sociales ha roto este miércoles su silencio, tras el estallido del que se conoce ya como el caso 'Pelicot catalán'. El caso ha causado conmoción en la sociedad catalana y ha puesto en el centro de la polémica a la DGAIA, organismo de la Generalitat que se encarga de la atención a la infancia y a la adolescencia. Es el departamento del Govern que gestiona directamente o a través de adjudicaciones los centros de menores, como el de L'Hospitalet, en el que vivía la víctima. Fueron los empleados del centro los que, mirando el móvil de la chica, detectaron que algo iba mal, porque mantenía conversaciones con hombres adultos. Se pusieron en contacto con la familia, que fue quien denunció a los Mossos. Era 2021. Un año después, el principal acusado fue detenido. Algo falló, toda vez que los trabajadores del centro tardaron meses en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. La pregunta sin respuesta es cómo tardaron tanto tiempo en mirarle el móvil.

La chica proviene de una familia desestructurada, de padres separados. Más tarde, su madre falleció. La víctima se escapaba con asiduidad del centro. Y entre tanta salida y entrada, cayó en manos del depredados sexual. Un educador social, Daniel Segura, ha asegurado en Rac1 que la DGAIA, cuando la chica tenía 15 años, permitió que se fuera a vivir con un joven de 25.

Al margen de este caso, la DGAIA está en el ojo del huracán desde el inicio de la legislatura. El Govern, semanas atrás, cesó a la directora de este departamento y al subdirector. Solo llevaban seis meses en el cargo. Isabel Carrasco sustituyó a Ester Cabanes, que estuvo seis años en el cargo y por tanto era la directora de la DGAIA durante los hechos relacionados con la víctima de la red de pederastia. El Govern cesó a Carrasco y a su número 2, Joan Mayoral, sin dar explicaciones, a pesar de que solo llevaban medio año en el cargo, después de que TV3 emitiera un documental sobre menores migrantes, en el que aparecía la exalto cargo del Govern dando su opinión. «Cuando uno es mayor de edad y no se deja ayudar, la dirección general debe poner unos límites. ¿Hasta cuando debe atender la dirección general, hasta los 30, los 40?».

Desde hace tiempo, la DGAIA está también bajo el foco por presuntas irregularidades en la adjudicación de ayudas y servicios.