Condenan a Salud por permitir a un subordinado acosar a una jefa

Según los hechos considerados probados, la mujer, representada por el despacho Marcos abogados, tomó posesión del cargo en abril de 2018. Cuatro meses después, ocupó una plaza vacante en el servicio un empleado, que pasó a depender jerárquicamente de ella. Se conocían con anterioridad, ya que habían coincidido en otro puesto. Pese a estar a sus órdenes, el hombre tenía un «comportamiento inadecuado» con la demandante, a la que «cuestionaba continuamente su forma de trabajar y su papel como responsable».

La víctima se quedó embarazada y cogió la baja maternal, además de otros permisos para el cuidado de su bebé, por lo que no se reincorporó hasta pasado un año, en junio de 2020 al Eustat. El subordinado consiguió accedió a la jefatura del servicio de estudios e investigación sanitaria en abril de 2022.

Una de las personas del equipo envió un correo al servicio de prevención informando sobre el conflicto. Fue entonces cuando los responsables de Salud convocaron a la afectada a varias entrevistas para analizar la posible existencia de un «clima laboral inadecuado». La mujer tuvo que preguntar en varias ocasiones cómo iba el asunto sin obtener la respuesta esperada.

Finalmente, el 17 de junio de 2021 dirigió un escrito al director de Función Pública relatando que había sufrido «de manera sistemática un trato inapropiado por parte de un compañero» y solicitando que se abriera una investigación. En 2022 también pidió ayuda al Ararteko.

La comisión de investigación se fue retrasando hasta que en abril de 2023 emitió un informe de conclusiones, en el que en base a una serie de testigos, apuntaba que habían existido «faltas de respeto, cuestionamiento de su capacidad, humillaciones y puenteos a la labor de la demandante». Según el escrito, el empleado «pretendía dirigir las labores de la responsable, poner en duda su valía profesional, criticar su quehacer diario y menoscabar su confianza y desempeño profesionales».

Al trabajador se le abrió un expediente que quedó archivado «por prescripción de las faltas imputadas». A causa de estos hechos, la demandante sufrió un trastorno de ansiedad, que le incapacitó para trabajar durante dos meses y le obligó a seguir un tratamiento psicológico. La Seguridad Social reconoció que la enfermedad derivaba «de accidente laboral».

La resolución considera que Salud ha incumplido la normativa de prevención de riesgos laborales al no actuar pese a conocer el problema. La demandante reclamaba daños morales, gastos médicos y lucro cesante por el salario que había dejado de cobrar.