La Diputación considera «decepcionante» la falta de acuerdo para el reparto de menas

«Sabiendo que no iba a haber acuerdo, el ministerio no hizo el trabajo de cocina previo con las comunidades autónomas y tampoco planteó alternativas para desbloquear la situación», ha censurado Antxustegi en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. «Tampoco se habló nada del fondo de financiación de 100 millones de euros previsto en el real decreto», ha indicado. «Pedimos seriedad, transparencia y que se dejen de lado los intereses partidistas, porque el interés de los menores es el gran ausente».

La diputación se suma, de esta manera, a las críticas vertidas por el Gobierno vasco, que calificó la reunión del lunes de «circo» y recordó que «Euskadi no puede más». Los recursos para acoger a estos menores se encuentran saturados. Bizkaia, por ejemplo, tutela a 567 menas cuando tiene capacidad para 460 tras abrir un nuevo recurso con 60 plazas extra.

La sobreocupación no es exclusiva del País Vasco, y en regiones como Madrid están al 132% de su capacidad (2.242 menores tutelados). En Castilla y León (179 chavales) se encuentran al 137%, en Murcia (741) al 120%... En el lado opuesto aparecen La Rioja, donde son quince los acogidos y que dispone de otras tantas plazas libres, y Cantabria, con 22 residentes en recursos del Gobierno regional y 14 camas disponibles.

El problema es que en la conferencia sectorial hubo otras comunidades como Aragón que no aportaron sus datos, lo que impide, por el momento, proceder al reparto de los menores. En principio, Euskadi iba a acoger a 90 de estos chavales, pero Antxustegi ha señalado este jueves que «sin la foto general, no sabemos cuántos nos pueden llegar». «No hubo detalles acerca de una reubicación equitativa» de los menores, ha criticado.

La próxima reunión se celebrará dentro de dos meses, un plazo que las autoridades forales recibieron con disgusto teniendo en cuenta la saturación de la red de acogida. La situación amenaza con enquistarse, toda vez que los populares anunciaron que recurrirán ante el Tribunal Constitucional, ahora ya en bloque, el decreto por el que se modificó en el Congreso la ley de extranjería hace menos de un mes.

Las instituciones vascas reclaman desde hace meses un plan estructural de inmigración. El lehendakari, Imanol Pradales, planteó junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que el reparto de los menores tenga en cuenta cinco indicadores clave: población, capacidad de acogida, PIB per cápita, desempleo y «solidaridad histórica» en la atención a menores. Ambos reclaman también que venga acompañado de una memoria económica. Aunque todas las administraciones territoriales están obligadas por ley a dar cobijo a los menores extranjeros sin referentes familiares, el cumplimiento es muy desigual y ni siquiera existe un control.