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La opa de BBVA para hacerse con el Sabadell dio este miércoles un paso determinante justo el día en que se cumplía un año desde ... que se filtró la intención de la entidad vasca para hacerse con el banco catalán. Tal y como adelantó este periódico a primera hora de la tarde, la sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó sin votos particulares de ninguno de sus cinco vocales y, lo que es más relevante, sin añadir exigencias, es decir, que todos los requisitos son compromisos aceptados por el BBVA. Por lo tanto, su impacto en los costes opa están medidos por el banco presidido por Carlos Torres.
Tras dos fases de estudio y un test de mercado el supervisor dio carpetazo a un análisis que inició el 31 de mayo del pasado año. La CNMC considera que son suficientes los compromisos ofrecidos por el BBVA, con algún leve ajuste y sin plantearse medidas estructurales como la cesión de parte del negocio a otra entidad, como pedía el Sabadell. Competencia había detectado problemas en las condiciones comerciales a particulares, pymes y autónomos, en el incremento de la exclusión financiera en zonas rurales, la reducción de crédito a pymes y el empeoramiento de condiciones en medios de pagos y cajeros.
La opa, que tiene carácter hostil por el rechazo del consejo de administración del Sabadell, mantiene a la dirección de ambas entidades en un duro enfrentamiento en el que se cruzan argumentos sobre las ventajas e inconvenientes que tiene la operación para los 200.000 accionistas de la entidad vallesana, que son los que en última instancia decidirán.
En la resolución, Competencia recoge los compromisos ofrecidos por la entidad vasca para mantener el crédito a las empresas, así como cuestiones referidas al negocio de los TPV (terminales punto de venta) y los medios de pago en comercios. En el procedimiento, BBVA ofreció también mantener oficinas y servicios en los 160 códigos postales donde más se resentiría la oferta en caso de una fusión. Localidades que principalmente se sitúan en Cataluña, Comunidad Valenciana y Asturias, así como en áreas concretas de Euskadi, Galicia, Murcia y el sur de Andalucía.
Mientras tanto, se abre un nuevo escenario, más delicado aún, y que entra de lleno en la política. Es la denominada 'fase 3', en la que el Gobierno central puede condicionar la resolución de Competencia elevando o rebajando los requisitos, aunque en ningún caso vetarla. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene 15 días para trasladar el dictamen al Consejo de Ministros, donde el análisis podría extenderse otras 30 jornadas más. Moncloa no ha visto la operación con buenos ojos por su «carácter hostil» y por el riesgo para la «cohesión territorial» que pueda suponer la pérdida de competencia.
En cualquier caso, sus objeciones no podrían descender a cuestiones muy técnicas, ya que ese es el ámbito de actuación propio del supervisor, la CNMC. En España, solo una fusión empresarial ha llegado a este punto, fue la de Antena 3 TV y La Sexta. Entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy rebajó las exigencias que había marcado Competencia.
A la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez se unen las presiones que pueda recibir de la clase política y de agentes sociales -sindicatos y patronales- de Cataluña, que han mostrado una posición muy crítica con la opa. Los movimientos de Junts, determinante en la configuración de mayorías en el Congreso, serán también otra de las claves. Fuentes de Ministerio de Economía, señalaron ayer que, «una vez recibamos el informe, lo analizaremos con rigor y detalle».
BBVA ofreció en la primera semana de abril su último listado de compromisos a la CNMC, que consistía, entre otras cosas, en mantener el volumen de crédito a las pymes que tengan el 100% de su cuota con las dos entidades afectadas. Este, precisamente, ha sido uno de los pocos elementos que se ha modificado, al abrirse esa condición también a las empresas que tengan hasta un 15% de sus préstamos con otras entidades. El compromiso afecta también a las condiciones de financiación para estas compañías en los 160 códigos postales donde, tras la fusión quedarían dos competidores o menos. Estas condiciones durarían tres años con la opción de extenderlas otros dos más.
El Sabadell en sus alegaciones las consideró escasas porque sólo afectan a las empresas que ya trabajan con los dos bancos y no resuelven nuevos accesos al crédito. Además, insistieron en que esos compromisos solo llegarían a un 5% de las pymes que trabajan con el banco presidido por Josep Oliu. Por ello, la entidad pidió a la CNMC que planteara exigencias estructurales, como la de que el BBVA tuviera que vender parte del negocio de empresas del banco resultante de la operación.
El presidente de BBVA, Carlos Torres, defendió que los compromisos ofrecidos son «eficaces y sin precedentes». El tiempo es otra de las claves determinantes. Así, el consejero delegado, Onur Genç, señaló el martes que si se va más allá de julio «sería muy mala noticia». Y es que el primer calendario del banco fijó el cierre de la operación para el otoño pasado.
El Sabadell también ha cuestionado el precio, que consiste en un canje de una de sus acciones y 70 céntimos por cada 5,345 del banco catalán. Es un prima del 30% sobre el valor del título del Sabadell antes de que se filtrara la operación. El consejero delegado, Onur Genç, advirtió esta misma semana que «no tenemos ni la intención, ni la necesidad de subir la oferta», ya que la entidad vasca la considera muy atractiva y dice que el mercado ya la descuenta, por eso la cotización del Sabadell supera ahora la oferta.
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