La no deflactación del IRPF permite al Gobierno cumplir con Bruselas

De un lado, el Gobierno seguirá manteniendo su controvertida decisión de no deflactar el impuesto de la renta (IRPF), es decir, no ajustar sus diferentes tramos a la evolución real del IPC, lo que en la práctica supone una penalización al bolsillo de todos los españoles. Es lo que los expertos denominan «incremento de la fiscalidad en frío», pues en términos reales supone una subida de impuestos sin tener que hacer nada por parte del Ministerio de Hacienda. El departamento que dirige la vicepresidenta primera María Jesús Montero viene haciéndolo desde 2022 y, según ha comunicado ahora a la CE, seguirá haciéndolo, al menos, hasta 2028.

Según se recoge su último 'Informe de Progreso Anual' –documento que han de remitir todos los Estados de la UE y que reemplaza al anterior 'Programa de Estabilidad'-, «cualquier aumento de los ingresos resultante de una estructura inalterada del IRPF entre 2025 y 2028 puede contabilizarse hasta un 0,1% del PIB» (Producto Interior Bruto). Esto supone alrededor de 1.600 millones de euros anuales como promedio y también, aún más importante de cara a Bruselas, la décima que le falta todavía para cumplir «el compromiso acumulado es de un incremento de ingresos públicos del 0,4% del PIB».

En realidad, tenía margen para alcanzar esa meta hasta el cuarto trimestre del presente ejercicio, pero la dificultad que está teniendo en los últimos meses para lograr apoyos parlamentarios hace que resulte bastante difícil aprobar nuevas subidas de impuestos, por ejemplo, el anunciado incremento al diesel que aún tiene pendiente y que podría tener que dejar aparcado 'sine die'. Aún así, el Gobierno comunica a Bruselas que persiste en su fin de reducir algunos beneficios fiscales, pero no concreta cuáles. «Las medidas están en curso y se dispone aún de margen temporal para alcanzar el objetivo», reseña en una comunicación oficial.

La consecución de ese 0,4% adicional de ingresos públicos suponía para el Ejecutivo de coalición disponer de un alivio nada baladí ante Bruselas, al extender su plan de ajuste vigente –que, en líneas generales, va solventando-desde los cuatro años iniciales a un total de siete. Y con un horizonte de una nueva prórroga presupuestaria –se sigue funcionando con las Cuentas estatales de 2023, las últimas que logró sacar adelante en el Parlamento, y los cambios se operan vía decreto- resulta algo clave, por lo que el Gabinete de Sánchez se esforzó por sacar adelante a finales de 2024 varias medidas impositivas –pero no todas las que pretendía- que le permitiesen obtener las tres primeras décimas de margen respecto a la meta impuesta, por ejemplo, la reforma del impuesto a la banca, la subida de tipos en la base del ahorro del IRPF y en el gravamen sobre las labores del tabaco o el establecimiento de un nuevo tributo para los nuevos productos relacionados con el tabaco.

La otra herramienta de empuje presupuestario que revela el Ejecutivo en su informe –que elaboran los ministerios de Economía y de Hacienda- es un margen de gasto 'inesperado' por valor de 7.300 millones de euros (0,5% del PIB). Ese extra deviene de que el gasto primario neto financiado a nivel nacional (el computable ahora ante Bruselas y que excluye tanto los intereses de la deuda como buena parte de las medidas discrecionales) creció en España un 4,1% en 2024, por debajo del 5,3% que se había convenido. «Esa diferencia, conforme a la nueva normativa, se registrará como un crédito a favor de España en la cuenta de control y servirá para compensar desviaciones futuras de la regla de gasto», señala.

Según confirma Economía, la buena marcha de la economía española en 2024 –con un crecimiento anual 3,2%- y el cumplimiento del objetivo de déficit público –se redujo al 2,8%, dos décimas menos de lo esperado- están detrás de ese 'ahorro' en el gasto computable. Y ello sin olvidar tampoco «la reorientación de algunas partidas de gasto como consecuencia de las medidas adoptadas para paliar las consecuencias de la dana»; de hecho, si se tuviesen que computar en la rendición ante Bruselas el desequilibrio financiero estatal habría sido mayor,

De cara a 2025, sin embargo, el Gobierno admite que habrá una desviación al alza considerable del gasto público –antes había previsto elevar su gasto primario neto un 3,7% y ahora lo hará un 4,1%, cuatro décimas más- para cumplir con el mayor desembolso de España en defensa y seguridad. Con ello se alcanzaría el 2% del PIB que demandaba antes la OTAN, pero en las últimas semanas se viene hablando del 3%, por lo que no es descartable que el presidente Sánchez se vea obligado a dar una nueva 'vuelta de tuerca' en ese sentido antes de finalizar la legislatura.

De momento se ha desplegado el Plan Industrial para la Seguridad y la Defensa, que prevé «la reasignación de créditos no ejecutados y la incorporación de recursos comprometidos» en 2024 «que no serán necesarios en 2025 y que contribuirán a su financiación». Precisamente por ello y porque la medida del gasto computable es plurianual, España no debería tener problema por esa vía para seguir cumpliendo las reglas contables de la Comisión. De esta forma, si se suman el gasto computable de 2024 con el de 2025 –conforme a las nuevas estimaciones-, el incremento se queda en el 8,4% entre los dos años, aún con un margen estimable hasta el 9,2% permitido.

Además, las estimaciones de recaudación fiscal para 2025 son claramente positivas, pues solo con mantener la no deflactación del IRPF ya obtendrá un adicional equivalente al 0,14% del PIB, unos 2.300 millones de euros conforme a los últimos datos actualizados de crecimiento económico en 2024. Los impuestos sobre la renta y el patrimonio elevarán su peso en PIB al 12,8%, tres décimas más que en el último ejercicio. La partida donde figura el IVA (gracias a eliminar las últimas deducciones) y las cotizaciones sociales también subirán dos décimas cada una, arrojando finalmente como saldo total un incremento recaudatorio de 9.700 millones (0,58% del PIB). De hecho, hasta marzo los ingresos fiscales ya crecían un 9,7%, según el último informe de la Agencia Tributaria.