Las eléctricas exigen reducir la 'factura' fiscal para prorrogar la vida útil de las nucleares

La primera parada en esa hoja de ruta es la central de Almaraz, en Cáceres, que cerrará en 2027. Sin embargo, el viraje de muchos países europeos que han decidido dar marcha atrás en su postura antinuclear son una presión añadida para un Gobierno que, hasta hace poco, no había dado señales de ceder en su posición. De hecho, tras el apagón, el presidente Sánchez expresó que la prórroga de las centrales es algo que estaba «muy lejos de ocurrir» y que en caso de materializarse, tendrían que ser los «ultrarricos que presiden esas energéticas» los que la costeen, y no el contribuyente. Pero hace unos días, la ministra de Transición Ecológica Aagesen abrió la puerta a reconsiderar los cierres en base al «interés general» de la ciudadanía.

En este contexto, las propietarias de Almaraz -Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%)- se reunirán a principios de junio para decidir el futuro de la central. Según los estatutos, los acuerdos requieren unanimidad y en esa reunión, abordarán tres temas: prolongar o no la vida útil de Almaraz, los plazos y las rebajas fiscales.

El jueves, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, afirmó que las compañías tienen una «visión bastante similar», y puso sobre la mesa alargar la vida útil de Almaraz por diez años, que suele ser lo habitual en las licencias nucleares, un plazo con el que Iberdrola estaría de acuerdo. Endesa, por su parte, no estaría en contra, pero quiere que la decisión que se aplique con Almaraz se extienda a las centrales en las que es mayoritaria, como Ascó y Vandellós. Esta es una de las claves, según Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, que afirma que como «la estructura del accionariado en cada central es diferente», ahora deben hacer números e intentar llegar a un equilibrio beneficioso para todas.

Con todo, la condición 'sine qua non' para que las eléctricas trasladen una propuesta en firme al Gobierno es la reducción de las tasas fiscales, la principal queja del sector. En estos momentos, cada central paga unos 40 euros por MWh, entre amortizaciones e impuestos estatales y autonómicos, que son «discriminatorios», según Araluce.

El reclamo principal es la tasa Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), una carga que abonan las eléctricas para que esta compañía estatal se haga cargo de los residuos. Araluce no está en contra, ya que «el que contamina, paga», pero denuncia que el Gobierno ha incumplido la promesa que les hizo en 2019 de no subir más de un 20% esta tasa -de 6,69 a 7,98 euros/MWh en ese momento-. El último plan general aprobado por Moncloa la deja en 10,36 euros. De acuerdo con un informe de PwC, este tributo se ha encarecido un 70% desde 2019, algo que ha llevado al Foro Nuclear, Iberdrola y Endesa a presentar recursos contencioso-administrativos al Tribunal Supremo. Según un comunicado de la sociedad que aúna los intereses de Almaraz y Trillo (CNAT), las cargas suponen una «asfixia económica» que lleva a las centrales a la «inviabilidad». En 2024, las nucleares abonaron 504 millones por esta tasa, de los 1.426 millones en total.

Además de los gravámenes impuestos por el Ejecutivo central, las nucleares abonan las ecotasas autonómicas, por las que pagaron 266 millones en 2024. Pero con el debate nuclear al rojo vivo, las autonomías están moviendo ficha. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunció la semana pasada la eliminación de este impuesto para la central de Cofrentes, un claro guiño al sector. Un movimiento que su homónima extremeña, María Guardiola, no ha replicado porque la tasa a Almaraz reporta 82 millones al año.

Pero si hay un factor que podría condicionar la decisión de Moncloa es Junts, ya que el 60% de la electricidad en Cataluña tiene origen nuclear -tiene tres de los siete reactores-. Tras el apagón, el partido liderado por Puigdemont emplazó al Gobierno que reconsidere su plan de cierre. Araluce considera que todos estos factores podrían hacer que energéticas y Moncloa lleguen a un acuerdo «en torno a otoño». Con todo, cree que lo que ocurra con la decisión de Almaraz sentará un importante precedente. «La estrategia tiene que ser la misma. Si se retrasa su cierre, se tienen que retrasar los demás, porque es imposible llevar a cabo el desmantelamiento de varias centrales al mismo tiempo».