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Familias del colegio público Iruarteta, de Bilbao, se concentran cada mañana de esta semana frente al centro educativo de Miribilla para denunciar la situación de « ... violencia continuada» que viven sus hijos por las «agresiones» de un compañero del aula de 1º de Primaria.
Pese a su corta edad, los padres y madres describen escenas de «extrema violencia»: clavar el lápiz en el cuello de un compañero, lanzar una silla a la cabeza a una niña, golpear la cabeza de otra contra una mesa hasta provocarle fuertes dolores de mandíbula, «mear sobre una compañera de clase», golpear en la cara a un niño «hasta hacerle sangrar la nariz», abrirle la cabeza a otro contra la parte metálica de un perchero... Además de otras agresiones como quitar el almuerzo o los cromos a sus compañeros.
«Los alumnos tienen miedo, algunos no quieren ir a clase», lamentan las familias en un comunicado, en el que explican que en ocasiones son necesarios hasta dos adultos para reducir al menor. «Nos preocupa también la huella psicológica que pueda dejar en nuestros hijos esa normalización de la violencia», señalan. Una profesora está de baja por estrés. «Lo entendemos, pero nos parece súper injusto que una adulta quede protegida por el sistema al poder pedir una baja, mientras que no existe un protocolo en la escuela pública que de forma inmediata, proteja a nuestros hijos», afirman.
Se trata de un niño «con un problema muy grave de sociabilidad y brotes injustificados de violencia» que llegó a principio de curso proveniente de otro colegio. Las familias han puesto la situación en conocimiento de dirección, Inspección educativa y al Ararteko.
«Pero la situación sigue igual. El niño sigue en el aula agrediendo a sus compañeros y profesores», continúa el comunicado. «Las madres y padres nos sentimos frustrados, desesperados y decepcionados. Nos vemos atrapados en un bucle institucional burocrático que no resuelve nada. Sentimos que no estamos protegiendo la integridad física de nuestros hijos», lamentan.
«Vemos una falta de recursos en la escuela pública que impide que algo tan básico como que se respete la integridad física del alumnado no se cumple. Los aitas y amas tenemos miedo porque ya nos tememos lo peor, y es que a algunos de nuestras hijas o hijos sufra una lesión que lo marque de por vida. Defendemos una escuela pública inclusiva, pero consideramos que ese niño en su situación actual, no puede estar compartiendo el aula con otros menores, necesita ser atendido y ayuda de forma apropiada por parte de las instituciones», zanjan las familias.
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