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Convertida en una batalla política por el relato en la que nadie quiere cargar con las culpas del desacuerdo, la negociación de los Presupuestos vascos ... de 2025 firmó este jueves un desenlace rocambolesco, cuando no surrealista. El Gobierno PNV-PSE da oficialmente por cerradas las conversaciones tras rechazar EH Bildu su última oferta, pero la coalición soberanista se resiste a asumirlo y trata de estirar el chicle otra semana más, hasta la votación definitiva del viernes 20, haciendo ver que todavía hay margen de entendimiento en una mesa que, en realidad, ya no existe. El diálogo «ha finalizado», sentenció el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou.
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La gran certeza en todo esto es que el proyecto, valorado en 15.728 millones de euros, quedará ratificado la próxima semana con la mayoría absoluta de jeltzales y socialistas. La comisión de Hacienda se encargó ayer de dejar todo empaquetado. El dictamen aprobado responde al grueso del documento original del Ejecutivo de Imanol Pradales, aunque ha habido ligeras modificaciones: PNV y PSE-EE introdujeron las 'autoenmiendas' con las que trataron de seducir a EH Bildu, 15 millones en total, y también aceptaron una propuesta de Sumar. Iban a hacer lo propio con el PP, pero los populares retiraron la única corrección suya que se iba a admitir.
La comisión se reunía dos horas después de que expirara el plazo dado por el Gobierno vasco a EH Bildu para estudiar su última oferta, en la que destacaba una partida plurianual de 100 millones para la compra de pisos VPO que pasen a ser libres y un foro sobre urbanismo. Un «ultimátum», según censuró Pello Otxandiano, que «apenas» contenía un incremento de 5,5 millones respecto a la anterior propuesta. El documento no satisfacía su otra gran exigencia, la de un SMI vasco, ya que el Ejecutivo autonómico recuerda que no es su competencia y que en todo caso un pacto así debería darse en la Mesa de Diálogo Social de la que ELA y LAB reniegan.
Otxandiano desdeñó el alcance de la oferta, recordó que el montante total representa la mitad de lo firmado en el pacto presupuestario de hace tres años y clamó contra las formas del Gabinete Pradales por limitarse a «buscar adhesiones» a unas Cuentas garantizadas de antemano por su mayoría absoluta. Dicho todo lo cual, y en busca de un golpe de efecto que aliente un diálogo ya imposible, el jefe de la oposición anunció que su grupo se abstendría en esas propuestas de PNV y PSE-EE que han sido núcleo de la negociación y que no dan nada por roto hasta el día de la votación final. EH Bildu se reserva hasta entonces sus enmiendas en busca de acuerdos transaccionales 'in extremis'.
«Vamos a explorar las posibilidades hasta el final», aseguró. Resultó curioso que su interlocutor al otro lado de la mesa, D'Anjou, utilizara exactamente las mismas palabras minutos después, pero conjugando los verbos en pretérito: «Hemos explorado todas las vías posibles para el acuerdo hasta el último día». El consejero de Hacienda reivindicó el «esfuerzo» del Gobierno por «moverse de manera humilde y sincera» en busca de apoyos complementarios para el proyecto, pero lamentó que el entendimiento no haya sido posible. «Debemos aprender de este proceso y seguir hablando para tejer confianzas y los acuerdos que necesita Euskadi», reflexionó de cara a los próximos años.
D'Anjou evitó ahondar en reproches a EH Bildu y tampoco el PNV quiso buscar el cuerpo a cuerpo durante la comisión parlamentaria, en la que Alaitz Zabala ensalzó el trabajo «discreto y pausado» del Gobierno. Sí utilizó un tono duro el PSE-EE. Ekain Rico, portavoz en materia presupuestaria, se negó a «contribuir al postureo de esperar hasta el día 20» y admitió el «error» de no haber delimitado con claridad un plazo para zanjar la negociación. Además, achacó a EH Bildu un episodio de «vértigo» por la presión de «algunos sectores».
Entre el resto de grupos, que asistieron al toma y daca casi como convidados de piedra, el PP denunció el «portazo» a sus propuestas, que respondían a «las preocupaciones reales de la ciudadanía vasca». Laura Garrido dibujó un «entramado sobredimensionado del sector público» y criticó la política «intervencionista» en materia de vivienda. Por Sumar, Jon Hernández volvió a advertir la necesidad de dar un «giro» en ese campo y criticó que el proyecto presupuestario «no da respuesta» a materias como la mejora de los servicios públicos. Vox no participó porque no tiene asiento en esta comisión.
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