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La familia del joven K. V., que perdió la vida en la discoteca Mítika de Vitoria en febrero tras recibir un golpe en la ... mandíbula por parte de un empleado de seguridad, ha enviado una nueva carta a dirigentes políticos, esta vez a los grupos políticos del Parlamento vasco. En esta misiva, a la que ha tenido acceso EL CORREO, los padres han solicitado a los partidos que «impulsen las reformas necesarias que aclaren competencias, refuercen las obligaciones y doten a los municipios de herramientas eficaces para actuar con diligencia ante riesgos conocidos».
El escrito pide que mejoren la legislación y reclaman una «mínima asunción de responsabilidad institucional» tras su «asesinato». Sobre el suceso ocurrido el pasado 23 de febrero, que la justicia investiga como un «asesinato con alevosía u homicidio doloso» cometido por un portero de la discoteca en el acceso, dice que «fue facilitado por una cadena de negligencias institucionales». «La muerte de K. no fue un accidente», sostienen.
La familia señala de un modo particular al Ayuntamiento. Los padres recuerdan que una agente de la Policía Local alertó un año antes del suceso sobre los porteros de la sala donde murió el joven, tal y como avanzó en primicia este periódico. Abundan, de hecho, en que la inspectora «solicitó ayuda, pero sus advertencias no fueron atendidas ni por sus superiores ni por el Ayuntamiento».
Las explicaciones del Consistorio, a entender de los progenitores, «han sido contradictorias». «Primero se argumentó que informar a la Fiscalía era todo lo que se podía hacer; después, que no se actuó porque la instructora no elaboró un informe oficial, a pesar de que existen comunicaciones internas documentadas en las que solicitaba colaboración y alertaba del riesgo», insisten.
«Nuestro hijo fue asesinado por un controlador de acceso en un establecimiento cuya seguridad recaía bajo responsabilidad municipal», señalan antes de pedir «que se adopten medidas institucionales para identificar y corregir los errores que hemos detectado». El suceso, a ojos de los padres del joven que perdió la vida, «fue facilitado por una cadena de negligencias institucionales».
«El Ayuntamiento no puede escudarse en tecnicismos para omitir su responsabilidad. La normativa estatal, autonómica y local otorga a los municipios competencias claras en materia de inspección y prevención de riesgos para la seguridad ciudadana», recalcan. «Se podían haber iniciado expedientes, retirado acreditaciones o impuesto sanciones. No era necesario invadir competencias ajenas, sino actuar con la diligencia debida. K. merece justicia, y la ciudadanía, garantías firmes de no repetición».
La familia ha remitido el escrito a los parlamentarios «tras conocer que en una próxima sesión se abordará la seguridad en el ocio nocturno, un tema que nos afecta profundamente». Mañana mismo EH Bildu presenta una moción al pleno del Legislativo para pedir «revisar la normativa de aplicación al servicio de admisión».
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