El peso de Cataluña eclipsa la influencia vasca en Madrid

La cuestión no es de ahora. Viene de lejos, en concreto del momento en que se lanzaron los dados de nuevo en las generales de julio de 2023 y Carles Puigdemont resucitó políticamente gracias al poder de siete escaños del todo decisivos para inclinar la balanza del lado de Sánchez.«Somos más», proclamó entonces el presidente, quizás solo intuyendo el chantaje permanente al que le sometería el líder 'indepe' con sede en Waterloo. La llegada del socialista Salvador Illa a la Generalitat un año después –y el relato consiguiente pergeñado en Moncloa sobre la definitiva «normalización» de Cataluña tras lustros de tensiones secesionistas– agudizó más si cabe el hostigamiento de Junts a Sánchez, a veces rayano en la agresividad.

No para dejarle caer (en Cataluña hay quien apuesta que habrá Presupuestos el año que viene y la legislatura podrá agotarse), pero sí para exprimirle a costa de ganar enteros en la sempiterna pelea con ERC. Una pugna más dura si cabe ahora que ambos son partidos de oposición en Cataluña y que las municipales de 2027, con los ultras de Aliança Catalana en auge y amenazando seriamente las posiciones de Puigdemont, se ven cada vez más cerca. «Junts gesticula todo lo que puede para marcar perfil con ERC. Esa es la batalla, no hay otra. Hacen más oposición en Madrid a Sánchez que en Barcelona a Illa o a Collboni (Jaume, alcalde socialista de la ciudad condal). Y Sánchez depende de ellos, aunque tenga mucha habilidad para disimularlo», disecciona una exdirigente nacionalista catalana.

Con este panorama, posconvergentes y republicanos meten la cuchara día sí día también en asuntos clave no ya para Sánchez sino para el futuro del país, como, por ejemplo, la gestión de la inmigración. La presión de ambos de «paralizar» la opa de BBVA al Sabadell y la necesidad de Junts de salir del atolladero en el que le había metido su consejero en Competencia, Pere Soler, al votar a favor de la operación, han hecho emerger un nuevo conejo de la chistera sanchista, la «consulta pública» con la que Moncloa pretende frenar la absorción del banco vallesano, a la que se opone frontalmente el grueso de la clase política, económica y empresarial catalana. «Sabe que no puede aceptar la opa y ha encontrado esa salida», apuntan en Cataluña. De hecho, el regreso de la entidad presidida por Josep Oliu, una de las que se marcharon por culpa del 'procés', ha sido un movimiento táctico inteligente, conceden, para armar ese movimiento transversal, más político y emocional que económico, que intenta hacer descarrilar la opa.

A nadie se le escapa que la patronal catalana, encabezada por Josep Sánchez Llibre, visitante habitual de Waterloo, mueve sus hilos, con frutos tangibles, para aprovecharse de la debilidad del Gobierno. El órdago de Junts a la reducción de la jornada laboral abanderada por Yolanda Díaz –con la intención de abonar una excepción catalana para las pymes– es otro ejemplo del poder de Foment del Treball. Frente a esa realidad, y con el BBVA como actor vasco en esta función, la beligerancia catalana contrasta con la posición del PNV y de Confebask, que han evitado pronunciarse de manera rotunda.

Esta semana, la portavoz del Gobierno de Imanol Pradales, Maria Ubarretxena, reclamó que Euskadi pueda tener «algo que decir» en el proceso, y se remitió a las competencias pendientes de transferir en materia de crédito, banca y seguros. Pero sin marcar una posición inequívoca y sin llegar a criticar el «inhabitual» referéndum sobre la opa.

También el lehendakari –por cierto– apeló a la «ampliación» del autogobierno para responder mejor a crisis sobrevenidas como la del apagón del 28 de abril. Pero los jeltzales han evitado elevar el tono por el 'cero energético' –frente a las críticas de ERC, Junts y BNG, se han limitado a pedir «certidumbres» al Gobierno– mientras Bildu, directamente, se ha alineado con las tesis del Ejecutivo, ha elogiado la rapidez en la respuesta a la crisis e incluso se ha apuntado a la estrategia del presidente de apuntar a los «lobistas» de la energía nuclear. También en este asunto, la diferencia entre catalanes y vascos es abismal. La fuerte dependencia económica que hay en Cataluña de las nucleares –siguen en activo las de Ascó y Vandellós en Tarragona– han llevado a Junts y a ERC, muy presionada por los sindicatos, a alinearse con el PPa la hora de exigir la moratoria en el cierre de estas instalaciones.

¿Por qué el PNV y Bildu, volcados en Madrid desde que Sánchez llegó a Moncloa, han cedido la parte del león a Cataluña? Las razones son variadas pero, en el caso del PNV, seguramente son las mismas que llevaron este miércoles a Aitor Esteban a dejar caer que el BBVA«no es un banco realmente vasco», además de la obvia, la de presionar a la entidad que preside Carlos Torres para que incremente su contribución a las arcas vascas. La competencia electoral con la izquierda abertzale desaconseja al PNVmeterse en jardines ideológicos que le puedan identificar como alineado con los poderes financieros o empresariales y la cohabitación con el PSEen el Gobierno vasco –a la espera de que Sánchez dé luz verde a la transferencia de la ventanilla de la Seguridad Social y las prestaciones por desempleo– le obligan a contemporizar con Moncloa. «Es triste que digan que no es un banco vasco solo por no molestar a Sánchez», lamenta un militante crítico.

En el caso de Bildu, las contradicciones en materia energética –causó impacto en el PNV que Pello Otxandiano les reprochara no haber «hecho los deberes» para corregir la dependencia externa de Euskadi pese a la tradicional oposición de Bildu a los parques de renovables, ahora matizada– les fuerza a mantenerse al margen del debate. Además, el viento de cola electoral y la resolución paulatina de sus problemas internos, con cada vez menos presos de ETA en régimen cerrado, les convierte en parte interesada en la continuidad de Sánchez, cuanto más mejor. «A Junts y ERC cada vez les interesan menos los acuerdos en Madrid, entienden que les están pasando factura y están enfrentados en la oposición. El PNV, en cambio, está en el Gobierno y Bildu tiene en Madrid una pista de aterrizaje institucional sin riesgos», resume un cargo gubernamental.