Si tu perro o gato necesita un antibiótico, «puede estar en peligro»

El pasado 5 de marzo los profesionales veterinarios de todo el país cerraron sus clínicas. Reclamaban al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con el de Derechos Sociales y Consumo, una moratoria de las obligaciones que impone la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, en el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.

El Consejo Veterinario del País Vasco se sumó a las movilizaciones que tuvieron lugar ante el ministerio en Madrid. Para el sector, esta norma es «rígida e ineficaz». Pero, ¿cómo afecta realmente a los animales? Álvaro Mateos Amman, presidente de los profesionales vascos, explica que esta situación «afecta directamente a los responsables de los animales en aspectos fundamentales como son el acceso a los tratamientos».

La mayoría de las personas que tienen bajo su responsabilidad algún animal doméstico probablemente hayan visto en las redes vídeos en los que se habla de los peligros que entraña esta norma para sus perros o gatos. «Con la actual legislación se está limitando la actuación veterinaria, imposibilitando que se rija por el criterio profesional y dejando únicamente, como tratamientos válidos, aquellos contemplados en las fichas de los propios medicamentos», explica Mateos, que pone un ejemplo muy concreto. «Si un antibiótico está contemplado su uso con 20 mg, aunque el profesional considere que debe aumentar la dosis de acuerdo con un caso concreto, no podría hacerlo». Teniendo en cuenta las diferencias entre las especies, así como el poco desarrollo de la industria farmacéutica veterinaria en comparación con los medicamentos dirigidos a humanos, los profesionales se encuentran con un grave problema a la hora de establecer los tratamientos.

Por eso muestran su disconformidad con las restricciones que les impone el nuevo decreto en el uso de «tratamientos científicamente probados contra determinadas patologías» simplemente porque no están recogidos en los prospectos. Esto, unido a la burocracia que exige el nuevo sistema, a su juicio pone en peligro la vida de los animales. «El sistema de declaración electrónico de uso de antibióticos para los veterinarios contempla los mismos datos para animales de granja (productores de alimentos) que para los animales de compañía. No tiene sentido», detalla Mateos.

Otro aspecto importante es el derivado de las dificultades para poder conseguir los medicamentos de uso veterinario. En la actualidad, este suministro se ve limitado en las farmacia, ya que no siempre los almacenes proveedores se los suministran y, si lo hacen, no lo realizan con la misma rapidez que cuando se habla de los medicamentos de uso humano.

Los colegios de veterinarios de todo el país defienden que la profesión se ajuste a lo que establecen los reglamentos UE, aunque el Gobierno precisa que es lo que ha hecho. Los profesionales, en cambio, precisan que «esos reglamentos dejan un margen para la interpretación» y «abogan por una aplicación al estilo de países de nuestro entorno como Francia o Alemania. Aquí se ha querido ir a máximos».

Álvaro Mateos quiere recordar que «de acuerdo con organismos internacionales como la FAO/OMSA, el 65% de las enfermedades son zoonosis», es decir, enfermedades transmitidas por los animales. Por lo que la profesión veterinaria constituye «la primera línea de defensa frente a ellas». Y recupera una reclamación que tanto veterinarios como las personas que tienen animales bajo su responsabilidad llevan haciendo mucho tiempo: «Nos sentimos injustamente tratados por un sistema que grava nuestros servicios con un IVA del 21%, IVA de lujo. IVA que nada tiene que ver con un servicio de prevención y salud pública que debiera ser una prioridad en cualquier sociedad».

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