La llegada de alumnado extranjero a Euskadi se dispara en el primer trimestre del curso

Según las cifras expuestas este miércoles por la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, las aulas vascas han recibido entre septiembre y diciembre 4.675 nuevos estudiantes en lo que se conoce como la matrícula viva. Se trata de alumnado que, en su inmensa mayoría, es de origen extranjero que «viene con necesidades específicas de carácter curricular y lingüísticas».

Para poner la cifra en contexto, y para hacerse una idea de cómo afecta esta realidad al día a día de los colegios, Pedrosa ha recordado que hace apenas tres años, en el curso 2021/22, llegaron 3.000 escolares en todo el año académico. Esa cifra más que se duplicó el curso pasado hasta alcanzar los 7.902. Y todo indica que este año se superará de forma holgada ese dato, toda vez que las llegadas hasta diciembre representan casi el 60% del total de las del pasado curso. «Tenemos un reto. Vamos a ser más diversos que nunca», ha señalado la mandataria.

Pedrosa no ha aportado el detalle de cómo se ha repartido ese alumnado. El pasado curso, según los informes de la comisión de escolarización a los que tuvo acceso este periódico, la red pública acogió en Bizkaia al 57% de los nuevos escolares. En la concertada, fueron los colegios religiosos quienes realizaron el mayor esfuerzo al absorber al 30% del total. El 13% restante se repartió entre centros laicos y cooperativas; Ikastolen Elkartea, la segunda patronal concertada por tamaño, acogió al 4,6% de este alumnado.

Tampoco ha explicado la consejera en qué modelo se ha matriculado al alumnado recién llegado pero, de nuevo, lo sucedido el curso pasado sirve de referencia. Entonces, dos de cada tres menores fueron derivados a centros de modelo D, íntegro en euskera; el 26%, al modelo B; y el 8%, al modelo A.

Todo esto supone un reto de primer orden para la educación vasca, cuyos indicadores de calidad se han resentido de forma notable en la última década pese a contar con la mayor inversión por alumno de toda España. Y eso también lo sufren los propios alumnos vulnerables, muchos de ellos extranjeros. Sólo uno de cada cuatro de estos escolares consigue rendir por encima de lo que se espera de ellos, teniendo en cuenta su condición socioeconómica, tal y como reflejan distintas investigaciones académicas.

La consejera ha comparecido ante la comisión de Educación del Parlamento vasco a petición de EH Bildu para dar cuenta del cumplimiento del pacto educativo firmado entre PNV, PSE, EH Bildu y Podemos en abril de 2022 y que sirvió de base para elaborar la Ley de Educación, aprobada hace ahora un año. El acuerdo fijaba una hoja de ruta hasta 2034, pero su espíritu se ha desvanecido. La coalición abertzale acusa a Educación de desarrollar el pacto «desde la unilateralidad y la imposición» y Sumar sostiene que el documento «está muerto y enterrado».

En una larguísima comparecencia de casi dos horas, Pedrosa ha detallado numerosas iniciativas puestas en marcha por su departamento. Entre otras cuestiones, ha destacado el plan estratégico de la escuela pública, que se presentará a lo largo del primer semestre de 2025. Y ha subrayado la «apuesta firme» por el Consorcio Haurreskolak, la red de escuelas infantiles públicas, que han pasado de tener 3.373 alumnos hace dos años a 5.033 en el arranque de este curso. También ha mencionado el nuevo Instituto para el Aprendizaje del Euskera y de las Lenguas, que contará con un presupuesto de 27 millones de euros.

En cuanto a la segregación escolar, uno de los principales problemas de la educación vasca, Pedrosa ha abogado por acordar un pacto social, algo que estaba previsto en el acuerdo educativo y que debería haberse alcanzado hace más de un año. Euskadi es, tras Cataluña, la comunidad que más segrega al alumnado extranjero y al autóctono. Desde esta perspectiva, ha señalado que se va a «mantener» el cupo de plazas para alumnado vulnerable en todos los centros financiados con fondos públicos, que también se está «monitorizando».

También se va a aprobar un nuevo decreto de concertación que detallará las obligaciones que la red concertada debe cumplir para poder acceder a dinero público. Ahí ha enmarcado un eventual estudio del coste de la plaza escolar, lo que permitirá vigilar más de cerca el cobro de cuotas por servicios educativos en los centros concertados, una práctica muy extendida pese a que no lo permite la ley. Sí se autorizará un «copago» que tendrá que estar «justificado» para «actividades complementarias», nunca para la enseñanza. El compromiso político es que las cuotas vayan desapareciendo de forma progresiva hasta 2034.